Más lucro y menos derechos en nombre del desarrollo. ¿Es coña, no?

“Una broma de mal gusto”. Así califica la campaña ¿Quién debe a Quién? las reformas legales del Gobierno español en materia de ayuda al desarrollo, ya que no impedirán que las grandes empresas sigan beneficiándose a costa de los derechos humanos y el medio ambiente de los países del Sur.

Después de casi dos años de incumplimientos en los plazos de presentación de la reforma de los créditos FAD y los seguros por cuenta del Estado de CESCE, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 6 de noviembre la tramitación de las leyes de creación de dos nuevos instrumentos que vendrán a sustituir el antiguo Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). Con los anteproyectos de ley del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) y de Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización (FIEM), el Gobierno responde, tarde y mal, a una vieja demanda de la sociedad civil. Desde hace décadas las organizaciones de la sociedad civil vienen denunciando los créditos FAD y los seguros CESCE como mecanismos de generación de deudas ilegítimas. Los anteproyectos de ley que se tramitaron desde el Consejo de Ministros al Parlamento español no responden en absoluto a dicha denuncia.

Según Dani Gómez-Olivé, investigador del Observatorio de la Deuda en la Globalización y miembro de ¿Quién debe a Quién?, “esta reforma no garantiza que no se siga generando deuda ilegítima, más bien al contrario, abre la puerta a atorgar créditos sin supervisión alguna”. Para Gómez-Olivé, en los textos presentados por el ejecutivo español no se desarrollan mecanismos de control, evaluación ni rendición de cuentas para evitar que fondos públicos se destinen a proyectos con impactos negativos sobre los derechos humanos, el medioambiente o el desarrollo humano y sostenible en los países del Sur. Esta cuestión es especialmente grave cuando la totalidad del FONPRODE y parte del FIEM se prevé que contabilice como Ayuda Oficial al Desarrollo. En este sentido, y según el Observatorio DESC, “el Gobierno incumpliría con los pactos internacionales de derechos humanos y con las recomendaciones de la OCDE, al permitir que se beneficien de fondos públicos empresas que no respetan los derechos humanos y mantener la ayuda ligada, especialmente en operaciones de ayuda humanitaria y de emergencia”.

Los textos de creación de FONPRODE y FIEM se han mantenido en el más absoluto secreto hasta el día 5 por la tarde, cuando se solicitó, con tan sólo unas horas de antelación, un dictamen al Consejo de Cooperación. Dicha petición responde a la necesidad del Gobierno de maquillar la absoluta falta de transparencia y participación de la sociedad civil en el proceso de elaboración de dichas propuestas. “Es evidente, sin embargo, entrever la mano del sector empresarial español en el texto de los dos anteproyectos”, según afirma Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción y ¿Quién debe a Quién?. La propuesta del nuevo FIEM parece responder plenamente a las necesidades de la Cámara de Comercio, el Club de Exportadores e Inversores y la Asociación de Marcas Renombradas que, en época de crisis, buscan todavía más apoyo del Estado para ampliar sus mercados internacionales

Sin embargo no debemos olvidar que esta crisis global está afectando con especial dureza a los países del Sur, que necesitan más que nunca una solución definitiva al problema del endeudamiento. “No se puede permitir que, para que las empresas españolas salgan de la crisis, se genere nueva deuda ilegítima, nuestra recuperación no puede basarse en un mayor empobrecimiento de los países del Sur”, afirmaba Gemma Tarafa, activista de ¿Quién debe a Quién?

Para ¿Quién debe a Quién?, con estas propuestas el Gobierno español revive la peor versión del FAD, la de la década de los 70, en la que se maquilla como AOD créditos que, además de generar deuda ilegítima en los países empobrecidos, responden únicamente a intereses comerciales de las empresas españolas. En este sentido, desde ¿Quién debe a quién? se exige al Gobierno español que, con el objetivo de hacer respetar los derechos humanos, ambientales, económicos, culturales y sociales en los países del Sur, asegure que tanto en el proceso de tramitación y discusión de los proyectos de ley, como en la futura gestión y seguimiento de los mecanismos generadores de deuda, se asegure la transparencia y la participación real de la sociedad civil.